viernes, 9 de octubre de 2009

"Hubiese preferido un tiro en la cabeza hace 25 años atrás, que este largo, sucio y pervertido JUEGO POLÍTICO, que continuó en la actual V República. Sea Usted juez honesto en estas cosas. No los perdono, que los perdone DIOS."

"El verdadero Poder está en la Directiva de la ASAMBLEA NACIONAL; desde allí se designa al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo, que todos ellos integran el Poder Ciudadano con su Consejo Moral Repubicano; entre otros, también designa a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Judicatura, etc., etc.. Supongo cada uno de esos cargos están sometidos a incondicional obediencia política. Para mi desgracia fuí educado en estricto cumplimiento de la Ley; en base a ello, en mis funciones públicas cumplí correctamente con mi deber. Toqué intereses perversos. Por eso destruyeron mi vida; pero, lo que no entiendo es que a pesar de cambios en el régimen político, la macolla de mafia pervertida logra mejores posisiones protegidas y cada día se hace más poderosa, que indudablemente destruirá el País. ¿Cómo es posible que, a pesar de la denuncia, la Fiscalía General de la República permita la privatización de funciones netamente públicas, personalísimas de entes del Estado, según Constitución y Leyes?. La Fiscalía no garantiza el debido proceso, ni administrativo ni judicial, que le es una obligación constitucional. Solo intenta abrirme un nuevo proceso."

"Ciudadana:
LUISA ORTEGA DÍAZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.-
Yo, Lic. Néstor Rondón Duarte, ciudadano venezolano, de 66 años de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº 1.579.243, Administrador Comercial UCV-1975, de este domicilio y con residencia de ---------------------------, Parroquia San Juan, Municipio Libertador del Distrito Capital, con el debido respeto me dirijo por ante su competente autoridad, de conformidad con el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de NOTIFICAR los siguientes hechos irregulares, que espero esa competente Institución resuelva, pues estimo que unas personas organizadas, en ejercicio de función pública, mediante retardo y decisiones viciadas de nulidad, me han venido causando daños y lesionando mis legítimos derechos, garantizados por la Constitución, veamos:

Rodolfo Porro Aletti, desacató decisiones judiciales de “reincorporarme” a mi cargo de “Auditor III” en la Alcaldía de Caracas; había sido destituido del Tribunal 15º Penal, ahora en la V República es Director Principal del "BANDES", ente descentralizado, que sin ningún control y responsabilidad maneja gran cantidad del dinero "sin retorno", para la estabilidad económica del País, y que el Contralor General de la República, en su reciente presentación del Informe de Memoria y Cuenta, le ha solicitado a la Asamblea Nacional legislar sobre responsabilidades y sanciones a los responsables de entes descentralizados.

(NOTA, para que se observen cosas: Una vez consignada ésta denuncia por ante la Fiscalía General de la República, al siguiente día aparece en Gaceta Oficial Nº 39.255 de fecha 02-09-2009 que la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), “Se designa al ciudadano Rodolfo Porro Aletti como miembro de la Junta Interventora del Banco Industrial de Venezuela, quién la presidirá en los términos que en ella se indican.” y desaparecen de “Imágenes” de la Red la foto de tal ciudadano, mediante la cual se podía “entrar” a la Directiva del “BANDES”.)

Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta, con “errores inexcusables” declaró “NO HA LUGAR” recurso de revisión de sentencia por ante Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; había sido destituida del Tribunal Agrario de Yaracuy según consta en la Gaceta Oficial Nº 34.354 del 23-06-1989, y de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo según consta en la Gaceta Oficial Nº 37.810 del 04-11-2003, ahora reelegida como Presidenta de la Sala Constitucional y Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia.

(El Presidente Hugo Rafaél Chávez Frías tiene conocimiento y conciencia de ello; el 23-09-2009 alabó en Nueva York a la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, indicando a Sindicalistas de USA, que Luisa Estela Morales Lamuño es una funcionaria honesta; agrego: a pesar de manipular y sustituir actas de expedientes judiciales, para favorecer o causar daño, actos por los cuales fue destituida de dos (2) Tribunales y consta en Gacetas Oficiales, y constan también en mi caso.)

Evelín Marrero Ortíz, como Juez Ponente “retardó” mi recurso de apelación por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Expediente Nº 27.524; por hechos graves fue destituida de la misma, junto con Luisa Estela Morales Lamuño de Acosta, según consta en la Gaceta Oficial Nº 37.810 del 04-11-2003, continúa como Presidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, protegida por la "Organización Mafiosa".

Emilio Ramos González, con “errores inexcusables” y sin tomar en cuenta lo alegado y probado en el expediente, manipulación, errores de foliatura, etc., como Juez Ponente declaró “SIN LUGAR” mi expediente Nº AP42 R 2002 001126; sin cumplir requisitos legales y sin experiencia judicial, pasó de Director de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, según consta en la Gaceta Oficial Nº 37.741 de fecha 29-07-2003, a Presidente de la recién creada Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. En su nombramiento también se violó el debido proceso administrativo, por tanto sus decisiones son nulas. Aparentemente fue nombrado por la directiva de la Asamblea Nacional como Juez Presidente de la Corte Segun
Carlos Elexis Castillo Asacanio, Síndico del Municipio Libertador del Distrito Capital, a la vez ejerce el cargo de Director de Recursos Humanos (e) de la Alcaldía de Caracas. Este vulgar y sucio delincuente está ejerciendo ambos cargos, bloquea mis legítimos reclamos por violación de derechos garantizados por la Constitución.

Es una pequeña parte, de personas en ejercicico de función pública, organizados para conculcarme mis derechos laborales (sueldos caídos y prestaciones sociales) garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A mediados de septiembre de 2009, el Presidente Chávez nombró a Freddy Bernal como Secretario Permanente del Nuevo Consejo de Ministros, a pesar de la prueba de haberse apropiado de Bs.(v) 3, 6 millardos de los reparos de CANTV para comprar sentencia en mi contra por ante Corte Segunda y Sala Constitucional del TSJ, denuncia puesta ante Fiscalía General de la República y no procesada. Por una cantidad menor fue procesado y destituido Carlos Andrés Pérez de Presidente de la República. Cuando Jorge Rodríguez gana la Alcaldía de Caracas, Renny Villaverde se le voltió a Freddy Bernal, quien aparece en lista de Estados Unidos por DROGA. Desde la Península de Paraguaná se llega fácilmente a La Guajira colombiana:

Parte de MI POSISIÓN, con sus enlaces, está colocada en INTERNET:




OTRAS EVIDENCIAS de “ORGANIZACIÓN”:

FEBRERO
99/02/01
PROLIFERACION DE DENUNCIAS DE CORRUPCION CONTRA JUECES GENERA ESCEPTICISMO EN LA OPINION PUBLICA. (PRIMERA PARTE)
UBIC: www.el-nacional.com
5 de noviembre: Fueron relevados de sus cargos, sin que el Consejo de la Judicatura diera detalles de las causas, los jueces Rafael Enrique Segovia Bastardo, del tribunal 47 penal, y Rodolfo Porro Aletti, primer suplente del tribunal 15 penal, ambos del Distrito Federal. El primero fue implicado en el hallazgo de dinero en una papelera del tribunal a su cargo y el segundo fue relacionado con la instrucción de expedientes relativos al narcoindulto y al homicidio del pelotero Gustavo Polidor.
De la Sentencia Nº 05895 del 13-10-2005, Expediente Nº 2001-0837, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, trascribo:
"Por auto de fecha 8 de marzo de 2005, se dejó constancia que “El día 17 de enero de 2005, se incorporaron a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia los Magistrados Principales Doctores Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la ASAMBLEA NACIONAL en fecha 13 de diciembre de 2004, quedando integrada esta Sala por cinco Magistrados Principales, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas”.
OBSERVO, no indica mediante cuál Nº --- de RESOLUCIÓN, aprobada por la Asamblea Nacional, suscrita por la PRESIDENCIA, y publicada en cuál Nº ---- de la GACETA OFICIAL de qué fecha-----, consta el supuesto acto administrativo de nombramiento, lo cual constituye un grave error. Estimo lo mismo ha ocurrido con el nombramiento de la Dra. Luisa Estela Morales Lamuño y Emilio Ramos González; según Ley tales nombramientos son inconstitucionales, porque los debió hacer primeramente el Poder Ciudadano, a través del Comité de Evaluaciones, para después ser ratificados y aprobados por toda la Asamblea Nacional y publicados en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. De donde se desprende que, todos sus actos judiciales después de estos nombramientos están viciados de nulidad absoluta porque violan, entre otros, el principio de legalidad y debido proceso garantizados por la Constitución; La directiva de la Asamblea Nacional no debió nombrar, si es que las nombró, como Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia a dos juezas, a la data, destituidas de Tribunales por hechos dolosos, publicados en GACETA OFICIAL.
Ciudadana Fiscal General de la República, mi situación ya la he denunciado por ante esa Institución; constantemente y ha medida que me voy enterando se la he estado actualizando, ya que siempre confié en la buena fe de las personas y en la correcta actuación de las Instituciones del Estado venezolano.
Sabría agradecer sus buenos oficios a fin de la respectiva e INMEDIATA SOLUCIÓN y la oportuna respuesta señalada en la Constitución. Por ahora no puedo ni debo recurrir por ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pues no hay garantías del debido proceso. Dejo en reserva el reclamo a la República por los daños causados por personas en aparente ejercicio de función pública. Asimismo dejo constancia que no he suscrito ni cobrado la Liquidación de mis Prestaciones Sociales, que solo haré cuando se corrija mi situación laboral: cargo de “Auditor III”, ajuste en la jubilación, pago de sueldos caídos, tal como consta en Expediente judicial.
Caracas, 01 de septiembre de 2009.
Atentamente
(mi firma)

(Recibido por la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA bajo Nº 1084 de fecha 01-09-2009. TAMPOCO HUBO RESPUESTA)